Desde el fin de la guerra la represión y la pena de muerte fueron algo absolutamente extendido en todas las provincias, ya que el estado de guerra declarado en julio de 1936 no fue derogado hasta 1948.
Según historiadores cercanos al régimen franquista, como Ramón Salas Larrazábal, en los años inmediatamente posteriores al final de la guerra la dictadura practicó entre 23.000 y 28.000 ejecuciones. Harmut Heine, por su parte, basándose en otro tipo de fuentes, apunta la cifra de 150.000 ejecuciones.
La cifra de presos ascendía en 1939 a más de 270.000 personas y en 1950 aún alcanzaba la cantidad de 30.000.
Las ejecuciones se volvieron más puntuales a partir de 1950 debido al desgaste que suponían las protestas internacionales, como las que se levantaron contra las ejecuciones de Julián Grimau o los anarquistas Delgado y Granados en 1963 y, ya al final del régimen, el agarrotamiento del miembro del MIL Puig Antich o las últimas cinco ejecuciones de miembros del FRAP y de ETA.
Estos carteles fueron editados el primero (a la izq.) por Solidaridad Internacional Antifascista - SIA en 1963, tras la muerte de los anarquistas Delgado y Granado; y el segundo, en 1975 con motivo de una marcha en la frontera de Hendaya tras el fusilamiento de los miembros del FRAP Sánchez Bravo, Humberto Baena y García Sanz, y de ETA Txiqui y Otaegui:
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